• Se pueden reclamar en un proceso las cantidades pagadas indebidamente por la cláusula suelo .....

    Se pueden reclamar en un proceso las cantidades pagadas indebidamente por la cláusula suelo .....

    12 de Marzo de 2018

    Se pueden reclamar en un proceso las cantidades pagadas indebidamente por la cláusula suelo después del 9-5-2013 y en otro proceso las anteriores a esa fechaAudiencia Provincial Asturias, Sentencia 1 Diciembre 2017

    Ref. CJ 1838/2018

    Audiencia Provincial Asturias, Sentencia 396/2017, 1 Dic. Recurso 380/2017

    El prestatario reclama a la entidad prestamista la devolución de las cantidades cobradas indebidamente en aplicación de la cláusula suelo declarada nula desde la fecha de suscripción del contrato de préstamo hipotecario hasta el 8 de mayo de 2013, dado que en anterior proceso solicitó y obtuvo la restitución de las abonadas a partir del 9 de mayo de 2013.

    Desestimada la demanda en primera instancia por apreciar la concurrencia de cosa juzgada material, la Audiencia Provincial de Asturias desestima dicha excepción y condena a la entidad financiera al pago de la cantidad reclamada.

    La sentencia del TJUE de 21 de diciembre de 2016 declaró la incompatibilidad con el derecho comunitario de la doctrina del Tribunal Supremo que limitaba temporalmente los efectos retroactivos de la declaración de nulidad por abusiva de una cláusula contenida en un contrato celebrado entre un empresario y un consumidor. Ello exigió modificar la jurisprudencia nacional en materia de devolución de las cantidades cobradas en aplicación de la cláusula suelo para adaptarla a los pronunciamientos de aquella sentencia.

    En este caso el prestatario reclama la restitución de las cantidades abonadas indebidamente desde la constitución del préstamo hasta el 8 de mayo de 2013 por cuanto en anterior proceso la prestamista ya fue condenada a restituirle las indebidamente cobradas desde dicha fecha.

    No puede apreciarse la existencia de cosa juzgada material. No se pretende revisar una sentencia firme, sino plantear una cuestión nueva no pedida en el anterior proceso pues las cantidades cobradas a consecuencia de la aplicación de la cláusula nula desde la fecha de celebración del contrato hasta mayo de 2013 no fueron reclamadas ni concedidas.

    La petición del anterior proceso se acomodó a la doctrina establecida por el Tribunal Supremo y se suplicó la restitución de las cantidades satisfechas por el prestatario desde el 9 mayo de 2013. Por el contrario, el objeto del presente pleito, la restitución de las cantidades abonadas con anterioridad a dicha fecha, no fue sometido a debate ni sometido a enjuiciamiento ni, por tanto, ha recibido respuesta judicial.

    En consecuencia, dado que la cantidad ahora solicitada no fue reclamada ni concedida en el proceso anterior, debe accederse a la restitución por parte de la entidad prestamista de las cantidades indebidamente satisfechas por el prestatario consumidor desde el inicio del préstamo con garantía hipotecaria hasta el 8 de mayo de 2013.

  • Puede haber condena en costas en los procedimientos de familia?

    Puede haber condena en costas en los procedimientos de familia?

    18 de Enero de 2018

    Puede haber condena en costas en los procedimientos de familia?

    La Audiencia Provincial de Pontevedra revoca la sentencia de instancia para eximir del pago de las costas a la ex esposa. La Audiencia reconoce que en la Ley no se establece excepción del principio general cuando se trata de un procedimiento de derecho de familia, pero hay una corriente jurisprudencial que exime de la condena en costas dada la naturaleza de los bienes en conflicto

  • Un juzgado condena a Volkswagen a devolver el precio de un coche afectado por el 'dieselgate'

    Un juzgado condena a Volkswagen a devolver el precio de un coche afectado por el 'dieselgate'

    18 de Enero de 2018

    Un juzgado condena a Volkswagen a devolver el precio de un coche afectado por el 'dieselgate'

    El juzgado de primera instancia número 4 de Manacor (Mallorca) ha anulado la compraventa realizada en 2012 de un vehículo afectado por el llamado 'dieselgate' de Volkswagen y ha condenado al fabricante y el vendedor a pagar los 19.378 euros del precio al afectado, y a este a devolver el coche.

    Esta resolución es pionera en España, ya que hasta la fecha lo máximo que habían reconocido los tribunales era una indemnización a los afectados de entre 500 euros y el 10% del valor del vehículo.

    El demandante compró un vehículo Skoda Yeti en diciembre de 2012 en el concesionario oficial en Manacor.

    La demanda contra el fabricante y el vendedor indica que el vehículo dispone de un motor diésel de los afectados por "la práctica fraudulenta" conocida como 'dieselgate', de configuración del software del motor de manera que sus emisiones de óxido nitroso (NOx) se ajustaran al límite que fija un reglamento europeo, pero que en la conducción real se superan.

    El afectado alegó que la venta "se efectuó de forma engañosa", omitiendo información sobre la existencia de un software ilegal y de los niveles exactos de emisiones. Reclamó la nulidad de la compraventa o bien que se resolviera el contrato por incumplimiento, así como una indemnización de más de 15.000 euros por depreciación del vehículo, daños morales y por los gastos de financiación.

    En la sentencia, el magistrado señala que el contrato de compraventa no incluía ninguna información sobre el nivel de emisiones de NOx pero que el vehículo se publicitó expresamente como respuesta a la "gran preocupación por el medioambiente".

    Añade que el jefe de taller afirmó que el modelo montaba unas llantas y cubiertas específicas orientadas al bajo consumo, y que se vendió bastante poco.

    Según el juez, esta escasez de ventas lleva a concluir que el bajo nivel de emisiones contaminantes del Skoda Yeti Greenline "fue el motivo principal de adquisición para una gran mayoría de usuarios, y que las restantes características del vehículo no disponían de atractivo suficiente para otros potenciales compradores que no se movieran en función de criterios ecológicos".

    El magistrado de primera instancia número 4 de Manacor concluye que el nivel de emisiones del vehículo cuando se produjo la venta no era inferior al de la mayoría de los demás vehículos del mercado, por lo que podrían prosperar tanto la acción de anulabilidad de la compraventa como la resolución del contrato.

     Añade además que el vehículo ha estado funcionando con el software alterado durante 5 años y por más de 57.000 kilómetros, por lo que aunque se reconfigurase "nunca podrían subsanarse las emisiones de gases producidas con anterioridad".

    El magistrado explica en la sentencia que procede estimar la petición que comporte mayor satisfacción del interés económico del demandante, por lo que declara la nulidad.

    Según la sentencia, concurre en el comprador "un error excusable" sobre una de las condiciones que principalmente dieron motivo a la elección del vehículo.

    El juez condena al fabricante y al vendedor a devolver el precio abonado, de 19.378,11 euros, y los intereses legales desde 2012, y al comprador a devolver el vehículo. Contra la sentencia cabe recurso de apelación.

  • Retroactividad total Clausula Suelo

    Retroactividad total Clausula Suelo

    14 de Marzo de 2017

    RETROACTIVIDAD TOTAL CLÁUSULAS SUELO.
    Se adapta la jurisprudencia de la sala sobre la retroactividad de la nulidad de las cláusulas suelo a la Sentencia del TJUE de 21 de diciembre del 2016, acordando la retroactividad total. No concurre cosa juzgada por tratarse de una acción individual y no colectiva y porque la cláusula enjuiciada era diferente de las examinadas por la sentencia de 9 de mayo de 2013. Se desestima el recurso de casación.

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  • Aquellos que hayan vendido su vivienda sin beneficios no tendrán que pagar la plusvalía municipal

    Aquellos que hayan vendido su vivienda sin beneficios no tendrán que pagar la plusvalía municipal

    2 de Marzo de 2017

    Aquellos que hayan vendido su vivienda sin beneficios no tendrán que pagar la plusvalía municipal (Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos Urbanos) como sucedía hasta ahora. Una sentencia del Tribunal Constitucional así lo establece en el caso de la Hacienda Foral de Guipúzcoa, pero en breve va a ver un recurso similar sobre la Ley Estatal, según ha podido saber El Confidencial de fuentes jurídicas. Esto no implica que se suprima el tributo ni que no deban pagarlo los que sí obtengan beneficios; simplemente introduce una excepción en el caso de que no existan por entender que no hay hecho imponible y, por tanto, es inconstitucional cobrar por ello. (

    Ver sentencia

    ). 

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  • Jurisprudencia destacada en materia de cláusulas suelo, en aplicación de la sentencia europea

    Jurisprudencia destacada en materia de cláusulas suelo, en aplicación de la sentencia europea

    7 de Febrero de 2017

    Nulidad de cláusulas abusivas. Efectos. La limitación temporal fijada por la jurisprudencia nacional de los efectos restitutorios de las cantidades indebidamente abonadas en virtud de la declaración de nulidad de una cláusula suelo abusiva no es conforme con el Derecho de la Unión Europea. Se estima parcialmente el recurso de apelación. Sentencia AP Lugo de 04/01/2017

    Nulidad de cláusula suelo. Eficacia retroactiva. En aplicación de la reciente jurisprudencia comunitaria relativa al momento a partir del cual despliega sus efectos la nulidad de las cláusulas que se declaran abusivas en contratos celebrados entre profesionales y consumidores, no cabe limitar en el tiempo los efectos de dicha declaración de nulidad. Se estima el recurso de apelación. Sentencia AP Pontevedra de 11/01/2017

  • Obligan a Caja Rural a devolver con carácter retroactivo el dinero por 'cláusulas suelo'

    Obligan a Caja Rural a devolver con carácter retroactivo el dinero por 'cláusulas suelo'

    23 de Enero de 2017

    Contratos Civiles y Mercantiles. - Cláusula Suelo. - Efectos restitutorios. Doctrina: Se fija como doctrina: "Que cuando en aplicación de la doctrina fijada en la sentencia de Pleno de 9 de mayo de 2013, ratificada por la de 16 de julio de 2014, Rc. 1217/2013 y la de 24 de marzo de 2015, Rc. 1765/2013 se declare abusiva y, por ende, nula la denominada cláusula suelo inserta en un contrato de préstamo con tipo de interés variable, procederá la restitución al prestatario de los intereses que hubiese pagado en aplicación de dicha cláusula a partir de la fecha de publicación de la sentencia de 9 de mayo de 2013". SENTENCIA PDF 

  • Sentencia nº 600/2016 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 6 de Octubre de 2016

    Sentencia nº 600/2016 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 6 de Octubre de 2016

    9 de Noviembre de 2016

    PENSIÓN ALIMENTICIA. RETROACTIVIDAD. Para proceder a la reclamación de alimentos por hijos menores de edad en situaciones de crisis del matrimonio o de la pareja no casada debe procederse a la regla por la cual dichos alimentos deben prestarse por el progenitor deudor desde el momento de la interposición de la demanda.

  • Primera sentencia en España contra Volkswagen por el "software" ilegal

    Primera sentencia en España contra Volkswagen por el "software" ilegal

    27 de Octubre de 2016

    El juzgado de primera instancia número 12 de Valladolid ha condenado por primera vez aVolkswagen a indemnizar a un afectado por el caso de la manipulación de emisiones de los vehículos diésel, y lo ha hecho mediante una sentencia en la que se obliga a la compañía a resarcir con 5.006 euros al denunciante.

    Esta sentencia es la primera en la que se condena en España a la empresa al pago de una compensación a un cliente por el conocido como 'dieselgate', después de cinco resoluciones anteriores en las que los jueces daban la razón a Volkswagen, dos de ellas en Valencia, una en Madrid, otra en Torrelavega y una última en Valencia.

    La resolución judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press, condena a Volkswagen Audi España a indemnizar con este importe al demandante por los perjuicios ocasionados y a asumir las costas del proceso.

    Fuentes del Grupo Volkswagen consultadas por Europa Press no quisieron realizar comentarios sobre cuestiones jurídicas. En todo caso, la sentencia se apelará ante la Audiencia Provincial.

    El denunciante, propietario de un Audi Q5 Quattro 177 CV S-Tronic adquirido por 50.065 euros, pedía que la marca le entregase un vehículo similar nuevo de iguales características y, si no fuera posible, otro de categoría superior. También reclamaba la resolución del contrato de compraventa y el resarcimiento por los daños y perjuicios ocasionados.

    La dirección técnica de la reclamación fue llevada por el abogado Carlos Martín Soria, del despacho Vidau Abogados, quien trasladó el caso al juez y encontró la oposición de Volkswagen, que evocó los precedentes anteriores de resoluciones judiciales.

    Martín Soria explica que la multinacional alemana alegaba que las emisiones contaminantes no eran decisivas para el comprador, que disponía la opción, si lo deseaba, de llevar a reparar gratuitamente su vehículo sin que perdiera prestaciones.

    Sin embargo, el juez considera que, si bien el demandante puede circular por España y Europa con un coche considerado apto para el fin por el que fueron adquiridos, queda acreditado que "el Grupo Volkswagen instaló un software para burlar el control de las emisiones de partículas en el trámite de homologación".

    "Esa conducta infringe, a criterio de este juzgador, los deberes de buena fe en el cumplimiento de las obligaciones que le son propias como vendedora del producto y afecta a la confianza del consumidor, por el engaño a las autoridades de control y al público en general", señala.

    La sentencia ve razonable que el consumidor no quiera aceptar la reparación de Volkswagen cuando desconoce si afectará a las prestaciones del vehículo, y considera probable que un consumidor no hubiese adquirido un vehículo de haber conocido las prácticas engañosas.

    Para el juez, "se trata de una actuación en masa, que afecta a una generalidad de consumidores, que implica un engaño a las autoridades de control, que conlleva la infracción de normas básicas de regulación del sector (la homologación previa) y que tiene incidencia en un bien público como es el medio ambiente".

    Martín Soria, que representa en Castilla y León a la Asociación para la Defensa de los Derechos de los Consumidores, destaca que "esta sentencia es pionera en España y sitúa por primera vez a los consumidores españoles a la altura de los consumidores de Estados Unidos, donde ante un problema como el presente, se ha alcanzado un acuerdo global judicial para la satisfacción de los afectados".

    "Hasta ahora los europeos éramos ciudadanos de segunda, padeciendo la inoperancia de las Administraciones Públicas. Gracias, una vez más, a la actuación judicial llevada a cabo, se da respuesta al mayor escándalo automovilístico de los últimos tiempos", añade.

  • El próximo 2 de octubre entra en vigor la LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE,

    El próximo 2 de octubre entra en vigor la LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE,

    22 de Septiembre de 2016

    El próximo 2 de octubre entra en vigor la LEY 39/2015, de 1m de Octubre, del Procedimiento Administrativo común de las administraciones públicas.

    BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO


    ley: I La esfera jurídica de derechos de los ciudadanos frente a la actuación de las Administraciones Públicas se encuentra protegida a través de una serie de instrumentos tanto de carácter reactivo, entre los que destaca el sistema de recursos administrativos o el control realizado por jueces y tribunales, como preventivo, a través del procedimiento administrativo, que es la expresión clara de que la Administración Pública actúa con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, como reza el artículo 103 de la Constitución. El informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas en junio de 2013 parte del convencimiento de que una economía competitiva exige unas Administraciones Públicas eficientes, transparentes y ágiles. En esta misma línea, el Programa nacional de reformas de España para 2014 recoge expresamente la aprobación de nuevas leyes administrativas como una de las medidas a impulsar para racionalizar la actuación de las instituciones y entidades del poder ejecutivo, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y aumentar su productividad. Los defectos que tradicionalmente se han venido atribuyendo a las Administraciones españolas obedecen a varias causas, pero el ordenamiento vigente no es ajeno a ellas, puesto que el marco normativo en el que se ha desenvuelto la actuación pública ha propiciado la aparición de duplicidades e ineficiencias, con procedimientos administrativos demasiado complejos que, en ocasiones, han generado problemas de inseguridad jurídica. Para superar estas deficiencias es necesaria una reforma integral y estructural que permita ordenar y clarificar cómo se organizan y relacionan las Administraciones tanto externamente, con los ciudadanos y empresas, como internamente con el resto de Administraciones e instituciones del Estado. En coherencia con este contexto, se propone una reforma del ordenamiento jurídico público articulada en dos ejes fundamentales: las relaciones «ad extra» y «ad intra» de las Administraciones Públicas. Para ello se impulsan simultáneamente dos nuevas leyes que constituirán los pilares sobre los que se asentará el Derecho administrativo español: la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley de
    El próximo 2 de octubre entra en vigor la LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS


    Régimen Jurídico del Sector Público. Esta Ley constituye el primero de estos dos ejes, al establecer una regulación completa y sistemática de las relaciones «ad extra» entre las Administraciones y los administrados, tanto en lo referente al ejercicio de la potestad de auto tutela y en cuya virtud se dictan actos administrativos que inciden directamente en la esfera jurídica de los interesados, como en lo relativo al ejercicio de la potestad reglamentaria y la iniciativa legislativa. Queda así reunido en cuerpo legislativo único la regulación de las relaciones «ad extra» de las Administraciones con los ciudadanos como ley administrativa de referencia que se ha de complementar con todo lo previsto en la normativa presupuestaria respecto de las actuaciones de las Administraciones Públicas, Más información: en https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10565.pdf